Este jueves nos ha llegado el anuncio del Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de que se van a ver recortadas determinadas subvenciones.
La crisis del COVID-19 ha afectado económicamente a nuestro país, pero también socialmente. Como hemos hablado en nuestro post anterior, los grupos vulnerables en los que nos centramos el Tercer Sector, ha aumentado su demanda a tratamientos, por ello, se hace inexplicable la decisión de recortar en algo tan necesario.
Las ayudas que se han visto perjudicadas por este recorte son: Inclusión social, programas dedicados a prevención e incorporación social; Menores, subvenciones a instituciones de integración familiar y entidades sin ánimo de lucro; Voluntariado, voluntariado y proyectos sociales financiados; Mayores, programas de Servicios Sociales Especializados; Discapacidad, programas de Servicios Sociales Especializados dirigidos a personas con discapacidad.
En nuestro caso, nos vemos afectados en el ámbito de la inclusión social, llevamos años percibiendo una subvención para el programa de incorporación laboral que evidentemente se va a ver afectado.
Estamos hablando de una parte de la sociedad española que se ha visto muy perjudicada por la pandemia del COVID-19. Siempre hemos trabajado «más con menos» pero ante tales necesidades, es necesario más apoyo por parte del gobierno. En España, hay varios millones de personas en situación de vulnerabilidad y, además, se prevé un aumento exponencial. En Asturias, la situación del año anterior es muy similar a la española, nos encontramos con el mayor índice de pobreza de los últimos años.
Ante todo esto, queremos apoyar a la Mesa del Tercer Sector que propone estas tres medidas:
- No anular o recortar convocatorias públicas para el 2020.
- Una respuesta eficaz e inmediata de financiación, un Plan especial de emergencia financiera en el Tercer Sector.
- Modelo de planificación estable y con seguridad jurídica y económica.
